Tal parece
que todo gobierno nuevo de un país en camino hacia el desarrollo sucumbe ante
la tentación de intentar controlar internet, o al menos quedar bien con el
lobby del Copyright liderado por los dinosaurios que aún están al frente
discográficas y estudios de cine. El gobierno de Peña Nieto parece ser el
último ejemplo de este caso, básicamente planean hacer la Ley Sinde mexicana.
QuéPasaColima.- Comandados por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual, los diputados priistas Aurora Denisse Ugalde
Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de La Garza han presentado una iniciativa
dentro del marco de la infame Ley Beltrones, por medio de la cual el gobierno
mexicano castigaría la reproducción comunicación o transmisión de obras
protegidas con derechos de autor en internet. Palabras y acciones que resultan
sumamente conocidas si las comparamos con las propuestas iniciales hechas a lo
que hoy se conoce como la Ley Sinde-Wert en España.
De hacerse efectiva esta ley, el
gobierno mexicano tendría potestad de sancionar con multas que van desde los
treinta hasta los veinte mil días de salario mínimo a quienes hagan
reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas con el derecho de
autor. También se pretende penar con hasta seis años de cárcel a los
administradores de webs que hagan reproducción de dichas obras.
Esta ley le daría poder al Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) de obtener direcciones IP de los
presuntos infractores e inclusive bloquear acceso a webs que hagan distribución
de contenido. Al igual que los ya innumerables casos de gobiernos que pretenden
implantar leyes similares, su aplicación no solo es impráctica sino que
técnicamente complicada además de que, en el proceso, terminas vulnerando el
derecho de autor, criminalizando a personas que intercambian contenido sin
fines de lucro y poniendo en peligro la esencia misma del internet:
1.- Aplicar una ley de este calibre
implicaría permitir que un instituto (en este caso el de Propiedad Intelectual)
pueda acceder a datos privados, aparentemente, sin pasar por un juez.
Vulnerando varios derechos que los mexicanos tienen, incluyendo el de su
privacidad.
2.- ¿Qué se hace con aquellas webs
que están fuera de México, se crea un blacklist para impedir el acceso desde el
país, creando, básicamente una muralla china virtual? ¿Cómo se decide o se
determina si el contenido está siendo distribuido o simplemente son enlaces a
otras webs donde se aloja el contenido? Eso despertaría los mismos problemas
que ya se discutieron, hasta el cansancio, en España con relación a si enlazar
es vulnerar el derecho de autor (en pocas palabras, no, pero los políticos
parece no entenderlo).
3.- ¿Quién decide, desde el
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, qué es y qué no es vulnerar el
derecho de autor? ¿Quiénes serán esas personas? ¿Qué características o
cualidades deben de cumplir para ser parte de esa "comisión"? ¿Sus
nombres serán públicos? ¿Cómo evitará el gobierno de Peña Nieto que no se use
esta ley para censurar en internet?
La propuesta de dicha ley sería, por
lo tanto, un ejemplo más de la casi inexistente educación digital que tienen
nuestros gobernantes y la inmensa presión que sigue ejerciendo el lobby del
copyright a nuestros gobiernos, dispuestos a pisar los derechos más básicos de
los ciudadanos en nombre del Copyright.
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